La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió un pronunciamiento oficial para abordar la situación legal y mediática del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Durante su intervención pública, la titular del Ejecutivo señaló la existencia de una intensa campaña de desinformación en diversas plataformas digitales, la cual busca generar un ambiente de especulación respecto al paradero del político y la contundencia de las pruebas presentadas por las autoridades de Estados Unidos. La mandataria enfatizó la importancia de priorizar la información verificada frente a lo que calificó como propaganda destinada a crear incertidumbre en la opinión pública.
Pronunciamiento federal ante la presión internacional
El caso cobró relevancia internacional luego de que el Departamento de Justicia estadounidense solicitara la detención urgente de diez funcionarios estatales, incluyendo al mandatario de Sinaloa, por supuestos vínculos con grupos del crimen organizado. En respuesta a estas acciones, el gobierno mexicano determinó que la petición extranjera no cumple con los requisitos de un procedimiento ordinario y carece de elementos suficientes para justificar su inmediatez. Como parte del proceso institucional, se confirmaron los siguientes puntos clave:
El gobernador solicitó licencia temporal para facilitar las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía General de la República.
El gobierno federal descartó las versiones sobre un ataque a la residencia actual del político, aclarando que el incidente ocurrió en una propiedad abandonada desde hace diez años.
El Gabinete de Seguridad presentará un informe detallado sobre los incidentes vinculados a las propiedades del funcionario.
Postura diplomática y aclaraciones sobre el mandatario
En el ámbito de las relaciones bilaterales, la Presidenta Sheinbaum subrayó que México mantendrá sus canales de comunicación y coordinación con Washington bajo un esquema de respeto absoluto a la soberanía. La mandataria delineó los cuatro principios fundamentales que rigen esta cooperación de seguridad: respeto a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto mutuo y confianza bilateral. Finalmente, la jefa de Estado rechazó de manera categórica cualquier intento de injerencia extranjera en asuntos de carácter político nacional, marcando una clara línea diplomática frente a las exigencias externas y las tensiones generadas por este proceso judicial.