El Gobierno de México ha catalogado como falsa la información que circula sobre una supuesta entrega de datos biométricos de ciudadanos mexicanos a las autoridades de Estados Unidos. A través de canales oficiales, se aclaró que la recopilación actual de huellas y registro facial obedece estrictamente a la estrategia de credencialización del nuevo Servicio Universal de Salud. El propósito principal de esta recolección es interconectar la base de datos de instituciones médicas públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Petróleos Mexicanos para operar como una red única.
Esta homologación tecnológica permitirá a los pacientes recibir atención médica en cualquier unidad gubernamental, independientemente de su derechohabiencia original. La tarjeta de salud que se emitirá servirá para consultar la disponibilidad hospitalaria en tiempo real y vincular el perfil de cada ciudadano con su respectivo expediente médico electrónico. Las autoridades subrayaron que los servidores públicos están capacitados para proteger la privacidad de los usuarios durante la recolección de los datos, reiterando que la base de información no será compartida con gobiernos extranjeros bajo ninguna circunstancia.
Actualización tecnológica de identidad oficial
De forma paralela a la modernización del sistema de salud, el proceso biométrico forma parte de la actualización de la Clave Única de Registro de Población. La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, explicó que esta medida pretende consolidar un avance tecnológico significativo en la administración pública. El objetivo a mediano plazo es evitar el robo de identidad y garantizar que cada persona cuente con un registro oficial inalterable que facilite la realización de trámites civiles y financieros.
La dependencia federal enfatizó que la biometrización de los registros poblacionales es una herramienta diseñada exclusivamente para el ámbito local. Al contar con bases de datos precisas y verificables, las instituciones mexicanas podrán optimizar la asignación de recursos y brindar certeza jurídica a la población, desestimando así cualquier versión sobre posibles vulneraciones a la soberanía de los datos personales.