A través de una misiva dirigida a los máximos líderes del Capitolio, una coalición de 17 fiscales generales pertenecientes al Partido Demócrata solicitó la creación de una ley que obligue a la administración del presidente Donald Trump a devolver el dinero cobrado mediante aranceles que fueron declarados ilegales. Este esfuerzo legal (encabezado por las autoridades de los estados de Nueva York y Oregón) busca resarcir el gigantesco daño económico provocado a cientos de empresas por las recientes políticas de la Casa Blanca.
El origen de esta controversia radica en un fallo emitido el mes pasado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En dicha resolución, la máxima autoridad judicial determinó que el gobierno federal carece de facultades en tiempos de paz para imponer cobros comerciales basándose en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional de 1977, la cual había sido utilizada como el pilar fundamental de la actual guerra comercial.
Reembolsos automáticos y protección al consumidor
Para los fiscales estatales, el impacto financiero ha sido devastador. Se calcula que los consumidores y los dueños de negocios terminaron pagando alrededor de 166 mil millones de dólares, lo que generó un efecto inflacionario que castigó desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos y a las pequeñas empresas. Ante esta situación, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza propuso que cada persona o compañía afectada deba solicitar su dinero o incluso presentar una demanda individual, una medida que los demócratas calificaron de inaceptable y burocrática.
Para evitar un caos judicial y tácticas de retraso por parte del gobierno, la legislación exigida por los fiscales plantea las siguientes condiciones innegociables:
- Establecer un mecanismo de devoluciones automáticas que incluya el pago de los intereses acumulados.
- Garantizar un proceso de restitución rápido, preciso y justo para todos los afectados sin necesidad de entablar litigios individuales.
- Asegurar mediante mecanismos de vigilancia que las grandes corporaciones que reciban estos fondos transfieran el beneficio económico directamente a los consumidores que absorbieron el alza de precios original.