Las autoridades judiciales de Bolivia suspendieron formalmente el proceso penal seguido en contra del expresidente Evo Morales por el presunto delito de trata agravada de personas. La determinación fue tomada por un tribunal en la ciudad de Tarija, el cual declaró al exmandatario en rebeldía tras confirmar su inasistencia al inicio del juicio oral. El fiscal asignado al caso, Luis Gutiérrez, informó que la audiencia permanecerá detenida hasta que el acusado se presente de forma voluntaria o se ejecute la orden de captura correspondiente mediante el uso de la fuerza pública.
Disposiciones legales y órdenes de captura
Ante la ausencia del político y de sus representantes legales, el tribunal dictó diversas medidas restrictivas para garantizar la continuidad del proceso judicial. La Fiscalía de Tarija detalló que los abogados defensores no presentaron ninguna justificación válida para su inasistencia, por lo que se procedió a implementar las siguientes acciones procesales:
Se emitió una orden oficial de aprehensión cuya ejecución queda a cargo exclusivo de la Policía Nacional.
Se estableció un arraigo migratorio que prohíbe estrictamente la salida del exmandatario del territorio boliviano.
Se asignaron abogados de oficio pertenecientes a la defensa pública para resguardar los derechos procesales del acusado.
Contexto de la acusación y postura de la defensa
El caso investiga la presunta relación que el expresidente habría mantenido con una menor de edad en el año dos mil dieciséis. El Ministerio Público sostiene haber reunido más de ciento setenta pruebas, incluyendo treinta y nueve declaraciones testimoniales para sustentar la acusación. Actualmente, el político se encuentra resguardado desde octubre de dos mil veinticuatro en la región del Trópico de Cochabamba, una zona considerada su principal bastión sindical.
En respuesta a la declaratoria judicial, el equipo legal del exmandatario, encabezado por Wilfredo Chávez, argumentó que su cliente no fue notificado de manera personal sobre el inicio del juicio, sino a través de un edicto público, lo cual califican como un vicio procesal de fondo. Asimismo, la defensa sostiene que la reactivación de este expediente responde a motivos estrictamente políticos, coincidiendo con el incremento de protestas sociales en contra de la administración del actual presidente Rodrigo Paz.