El Senado de la República aprobó este jueves el llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tras un intenso debate legislativo, el dictamen fue avalado en lo general y en lo particular, y ha sido enviado a la Cámara de Diputados para su revisión final. La propuesta logró avanzar en los puntos referentes a la austeridad gubernamental y la reducción de la burocracia, pero sufrió un revés significativo en uno de sus ejes políticos más importantes debido a la falta de consenso entre los partidos aliados y la oposición.Austeridad en órganos electorales y municipios
Entre las medidas que sí lograron la aprobación de los legisladores destaca la eliminación de beneficios económicos para los altos mandos del Instituto Nacional Electoral y de los tribunales electorales. La nueva legislación prohíbe estrictamente el uso de recursos públicos para contratar seguros de gastos médicos mayores, seguros de separación individualizados y cajas de ahorro especiales. Asimismo, se fijó el tope salarial para garantizar que ningún funcionario gane más que la titular del Ejecutivo federal. Por otro lado, la reforma modifica los artículos constitucionales para reducir el aparato burocrático en los ayuntamientos, estableciendo un límite máximo de quince regidurías y limitando el presupuesto de los congresos estatales a un tope del 0.70 por ciento del gasto local.
Revocación de mandato se mantiene en 2028A pesar del avance en materia de control del gasto, el punto de mayor controversia quedó fuera del dictamen final. La iniciativa original proponía modificar la Constitución para adelantar la consulta de revocación de mandato presidencial y empatarla con las elecciones intermedias del año 2027. Sin embargo, los senadores de los partidos de oposición y del Partido del Trabajo formaron un bloque para rechazar esta modificación, argumentando que la presencia de la Presidenta en la boleta electoral generaría un desequilibrio en la contienda por las gubernaturas y el Congreso.
Tras la presentación de una reserva que suprimió dichos cambios al artículo 35 constitucional, se determinó que el ejercicio de participación ciudadana no sufrirá alteraciones. De esta manera, la consulta para decidir la continuidad del actual gobierno federal se llevará a cabo en el año 2028, tal y como lo marca la legislación vigente. El proyecto continuará su curso en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde los diputados tendrán la última palabra sobre las nuevas reglas del sistema electoral mexicano.