La mañana de este martes 24 de marzo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer formalmente la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. Durante su habitual conferencia matutina, la mandataria estuvo acompañada por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, quien detalló los alcances de esta propuesta legislativa que será enviada al Senado en las próximas horas para su análisis y eventual aprobación.
El objetivo central de esta nueva legislación es unificar los criterios penales en todo el país, obligando a las fiscalías estatales a trabajar bajo un mismo estándar. De esta forma, el gobierno federal busca acabar con la impunidad y evitar que las lagunas legales o la falta de coordinación permitan a los agresores evadir la justicia en las distintas entidades federativas.
Castigos más severos e imprescriptibilidad
La iniciativa contempla modificaciones profundas al sistema penal mexicano. Ernestina Godoy explicó que el documento plantea elevar significativamente las sanciones económicas y de privación de la libertad, además de incluir nuevas causales para agravar los delitos. Entre las medidas más destacadas de esta reforma se encuentran las siguientes:
Prisión de 40 a 70 años para quienes resulten responsables de privar de la vida a una mujer por razones de género.
Multas económicas que van desde las mil hasta las dos mil Unidades de Medida y Actualización (conocidas comúnmente como UMA).
El delito será catalogado como imprescriptible, lo que significa que podrá ser investigado y juzgado en cualquier momento sin importar el tiempo que haya transcurrido.
Pérdida automática de la patria potestad, derechos de tutela y derechos sucesorios para el agresor.
Destitución e inhabilitación definitiva para cualquier servidor público que entorpezca el proceso o esté involucrado en el crimen.
Nuevos protocolos de investigación nacional
Otro aspecto fundamental de la propuesta es la reestructuración de los métodos de investigación inicial. La Presidenta Sheinbaum subrayó que, de aprobarse la ley, el Ministerio Público estará obligado por mandato constitucional a investigar toda muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio desde el primer momento, evitando así que los casos sean catalogados erróneamente como accidentes o suicidios.
A la par del endurecimiento penal, el gobierno federal anunció la creación de un esquema integral de apoyo social. Este mecanismo incluye la conformación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, cuyo propósito es garantizar la seguridad social, atención médica especializada y ayuda psicológica de urgencia para todas las víctimas indirectas de este grave delito.