El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que el promedio diario de muertes violentas de mujeres registró una disminución del 27.2 por ciento entre los años 2019 y 2025. Los reportes oficiales indican que en 2019 se contabilizaban 10.54 víctimas diarias por feminicidio y homicidio doloso, cifra que se logró reducir a 7.67 al cierre de 2025. Sin embargo, el panorama histórico sigue siendo sumamente complejo, ya que en la última década más de 34 mil mujeres han sido víctimas de estos delitos, y cerca de 18 mil permanecen en calidad de desaparecidas, concentrándose la mayor incidencia en el rango de 15 a 29 años.
Respecto a las cifras más recientes, entre enero y febrero del año 2026 se registraron 94 casos de feminicidio a nivel nacional. La estadística del informe de violencia demuestra que el 41.5 por ciento de estos lamentables delitos se concentró de forma desproporcionada en cuatro entidades federativas específicas:
Sinaloa encabeza la lista oficial con trece casos registrados en el primer bimestre.
La Ciudad de México y el estado de Veracruz reportaron nueve víctimas respectivamente.
Chiapas contabilizó ocho carpetas de investigación abiertas por este mismo delito.
Iniciativa de ley en el Senado
Para hacer frente a esta grave crisis de seguridad, la Presidenta Claudia Sheinbaum envió recientemente al Senado de la República una propuesta legislativa de carácter integral. Se trata de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio, la cual busca homologar de forma definitiva el tipo penal en todas las fiscalías del país para evitar lagunas legales.
La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, detalló que la iniciativa plantea imponer penas severas que van de 40 a 70 años de prisión y multas económicas superiores a los 230 mil pesos. Adicionalmente, la ley obligaría al Ministerio Público a investigar inicialmente cualquier muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio, buscando erradicar la clasificación errónea de estos crímenes y garantizar el acceso pleno a la justicia institucional.